Plan Anticorrupción: empresarios navieros alertan sobre incongruencias en el sector

El pasado miércoles, el Poder Ejecutivo formalizó mediante decreto el denominado “Plan Nacional Anticorrupción”.

En sus extensos considerandos, el decreto 258/19 destaca el papel fundamental que tendrá la Oficina Anticorrupción en la creación de un Consejo Asesor “ad honorem” para que efectúe un adecuado monitoreo de las transacciones nacionales e internacionales que realice la administración pública nacional. La medida insta a los distintos poderes del Estado Nacional y a los estados provinciales, a adherir a los lineamientos generales a efectos de ejercer un efectivo control en materia de transparencia pública.

A su vez, el anexo de 127 páginas hace referencia al efecto que el decreto tendrá en distintas áreas de gobierno, y establece pautas de acción y comportamiento. Desde la Subsecretaria de Pesca hasta el Ministerio de Defensa, pasando por la cartera de Seguridad y el PAMI, todos parece estar bajo el paraguas de un minucioso plan de acción.

No obstante, los empresarios del negocio naviero se apresuraron en señalar que al parecer nada se tuvo en cuenta para eliminar los nichos de corrupción que – si bien en menor medida – subsisten en el sector, más allá del desarmado de buena parte de las maniobras empresario sindicales montadas durante la gestión del anterior gobierno.

“Es increíble, en este mismo momento en la rada exterior del puerto de Buenos Aires hay cuatro buques tanque pertenecientes a una naviera que acaba de ser allanada y embargada por la justicia federal, y dos de esas naves están al día de hoy contratadas por la estatal CAMMESA a un costo de USD 30.000 más todos los gastos de personal, combustibles, tasas portuarias, costo de remolcadores y cualquier otra erogación que el hoy embargado armador pueda hacer”, indicaron voceros del sector voceros del transporte fluvial de hidrocarburos ante una consulta de Infobae.

Y agregan: “Lo más grave es que estas naves están totalmente ociosas, CAMMESA no las necesita y el conjunto de gastos brutos ronda en los 50.000 dólares diarios, totalizando 18.000.000 millones de dólares anuales que bien podrían destinarse a palear buena parte de las carencias que otros sectores industriales están padeciendo”.

Si bien los empresarios son cuidadosos a la hora de dar nombres, se sobreentiende que todas las referencias apuntan al consorcio empresario sospechado de graves maniobras de cartelización del mercado naviero, en connivencia con las ex autoridades del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que fueron denunciados por la hoy Senadora Nacional Gladys González.

El ex secretario general del SOMU, Omar “Caballo” Suárez

“Si bien en CAMMESA están perfectamente al tanto de las graves maniobras pergeñadas en connivencia con las anteriores autoridades de la empresa estatal, y que fueron denunciados por los propios titulares de las navieras Horamar y Petrotank entre otras, nada parece haber cambiado más allá de una ligera moderación en la discrecionalidad de los fletes”, señalan los gerentes de operaciones consultados.

Hace apenas dos semanas, y como consecuencia de una serie de operativos judiciales y allanamientos, una de las principales navieras del país fue virtualmente embargada en su totalidad. Esto no sólo afectó su patrimonio empresario, sino también los bienes de sus propietarios, los contadores y representantes legales.

“Si la empresa sigue teniendo liquidez es porque el Estado Nacional, al mismo tiempo que la denunció por intermedio de la ex interventora en el SOMU, le sigue pagando un canon por no hacer nada, con el que cubre todo su giro comercial” critican los navieros.

A pesar que varios armadores han brindado su testimonio en la causa por corrupción que tramita ante el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral y la fiscalía de Gerardo Pollicita, la paciencia en el sector parece agotarse ante la falta de medidas procesales más contundentes.

“Más allá de la detención del Caballo Suarez, todos los demás actores de esta fenomenal asociación ilícita se siguen manejando con total impunidad, participando incluso en reuniones con ministros y secretarios de estado como si nada hubiera pasado” Se quejan los empresarios. Algunos de ellos incluso desde el dolor de haber visto sucumbir a sus propias empresas.