San Juan: en tres días, condenaron a 77 personas por violar la cuarentena

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El Procedimiento Especial de Flagrancia de San Juan condenó a 77 personas en los primeros tres días de actividad de la Feria Judicial Extraordinaria por no acatar la Cuarentena Obligatoria dispuesta desde el 20 de marzo por el presidente Alberto Fernández, a fin de evitar la propagación del Coronavirus. Del total de condenados, setenta deberán cumplir la pena de manera condicional y otras siete con prisión efectiva.

Según dispuso la Justicia durante una sentencia virtual, como medida para prevenir la propagación del virus, en caso de que la persona que deba cumplir la pena condicional reincida en infringir la cuarentena o cometen otro delito, deberán cumplir una condena efectiva.

Así lo dispone el artículo 205 del Código Penal Argentina que establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

De los 77 condenados, 67 (63 de cumplimiento condicional y 4 prisión efectiva) fueron exclusivamente por infringir el Artículo 205 del Código Penal; otras 10 condenas (7 cumplimiento condicional y 3 prisión efectiva) fueron por cometer otros tipos de delitos contemplados en el Procedimiento de Flagrancia, en concurso con el artículo 205 (la violación a la cuarentena).

La política criminal del Ministerio Público Fiscal que encabeza Eduardo Quattropani, en respuesta a la línea política fijada por el gobierno Nacional a través del ministerio de Justicia de la Nación, fue la de pedir en las audiencias de Flagrancia condenas en lugar de probations o suspensión de juicio a prueba contra las personas que violen la cuarentena y pongan en peligro la salud pública.

Esas 77 condenas se realizaron en 60 audiencias que se hicieron en horario corrido de 8 a 17 horas en el Procedimiento Especial de Flagrancia, entre los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo. Eso implicó que el personal de la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) redoblara sus esfuerzos y a contra turno organizara las audiencias, incluso el feriado del 24 de marzo último.

Por disposición de la Corte de Justicia de San Juan, se realizó un operativo especial para juzgar rápidamente a quienes fueran atrapados violando la cuarentena obligatoria. Se incluyó a 32 personas en Flagrancia (entre jueces, funcionarios y personal); se montó el sistema de videoconferencia para agilizar los casos y evitar el contacto entre los detenidos y los jueces, fiscales y abogados defensores.

Por su parte, el Ministerio Público puso a disposición la totalidad de los Ayudantes de Fiscal (20) que trabajan codo a con la Policía de San Juan en las calles, 10 fiscales y 6 defensores oficiales.

Para el miércoles 1 de abril ya se previó mediante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Flagrancia realizar 32 audiencias para juzgar a 50 detenidos por infringir el artículo 205 del Código Penal

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Esta figura legal está dentro del Capítulo IV del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Así el artículo 205 dice que “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.”

Tiene por objeto sancionar aquellas acciones u omisiones dolosas a través de las cuales se pueda introducir o propagar una epidemia. Para algunos autores de Derecho Penal para que la conducta merezca esta sanción debe ser una violación a una norma del Estado de cumplimiento obligatorio -es decir, no una mera sugerencia o consejo preventivo- que haya tenido como consecuencia la introducción o propagación de una epidemia o, por lo menos, que haya ocasionado un riesgo concreto de que esa circunstancia se produzca.

Tiene que haber existido una lesión o puesta en peligro de la salud pública. Sin embargo, otros juristas sostienen que se trata de una infracción de peligro abstracto, es decir que el que se escapa de una cuarentena comete delito aunque después se compruebe que él no estaba enfermo. Como lo que se sanciona es la violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente (nacional, provincial o municipal) con el objetivo de evitar la introducción o propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, el comportamiento que se pena puede ser tanto una acción o una omisión.

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Se trata de un delito doloso, es decir, requiere del conocimiento y la voluntad de quien realiza esa conducta tipificada mediante el incumplimiento de la obligación (omisión) o por la violación de la prohibición (acción) dispuesta por la autoridad competente. En otras palabras, para que sea delito el autor tiene que tener conocimiento de la medida dictada por el Estado, de su obligatoriedad y debe tener la voluntad de incumplirla.