Si ‘Uribe detenido’ fuera una serie, este sería un resumen de cada capítulo

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Sí, la detención preventiva y domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez, ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es una decisión histórica. No solo porque es el primer expresidente en Colombia al que le dictan una medida de ese tipo, sino también porque rompe con la creencia de que Uribe era intocable o incuestionable por la justicia. Acaba con la idea de que tiene inmunidad judicial gracias a que su partido, el Centro Democrático, gobierna el país.

También es una decisión paradójica. Pese a que Uribe ha encontrado en los últimos años maneras políticas y jurídicas de zafarse al llamado de la justicia, él mismo abrió la puerta para que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención mientras lo investiga por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Es el efecto de un truco judicial que le salió mal al expresidente.

 

El origen

En septiembre de 2011, el hoy senador Iván Cepeda, quien en ese momento era representante a la Cámara, entregó a la Fiscalía los testimonios de los exparas Pablo Hernán Sierra García (alias ‘Alberto Guerrero’) y Juan Guillermo Monsalve Pineda donde decían que Álvaro Uribe Vélez y Santiago, su hermano, habían participado en la creación del Bloque Metro de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia. Luego, en abril de 2012, en un debate de control político citado por Cepeda, se presentaron testimonios de exparas que vinculaban al hermano del expresidente en el nacimiento del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’.

Juan Guillermo Monsalve Pineda se vuelve importante en esta historia en septiembre de 2012. En un testigo clave. Este expara, hijo del exadministrador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, le aseguró a la Fiscalía que los dos hermanos Uribe participaron de la fundación del Bloque Metro de las AUC junto a los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao –acusados de narcotraficantes- y los ganaderos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe. La hacienda fue el sitio donde se gestó el Bloque Metro.

Cepeda volvió a llevar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo al Congreso el 17 de septiembre de 2014. En un recordado debate en la plenaria del Senado, el parlamentario del Polo expuso los testimonios de ‘Alberto Guerrero’ y Monsalve, los mismo que había entregado a la Fiscalía. Ese mismo día Uribe, ahora como senador, se retiró del Capitolio para denunciar a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos. Le entregó a esta alta corte unas entrevistas que supuestamente demostrarían que el congresista del Polo había comprado testimonios para perjudicarlo.

 

 

La Corte Suprema de Justicia recibió la denuncia, investigó a Cepeda, no lo encontró culpable y el 16 de febrero de 2018 cerró el caso. La jugada jurídica del expresidente y senador había fallado. Pero, además, se le devolvió: esta corte pidió la apertura de una investigación contra Uribe por la manipulación de testigos. Le dio una semana para presentar un recurso que apelar esa decisión.

 

“Quien comenzó este litigio jurídico fue el senador Uribe”: Iván Cepeda

 

Sobornando testigos

En busca de pruebas a favor de Uribe para apelar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, su abogado Diego Cadena visitó al expara Monsalve en la cárcel La Picota. Allí Cadena le ofreció a Monsalve ayudarle en su caso y buscar la manera de que tenga mejores condiciones en la cárcel a cambio de firmar un documento donde se retracte de las acusaciones que hizo en 2012 contra el expresidente.

También se conoció que Cadena y el mismo Uribe, según una columna del periodista Daniel Coronell, buscaron en Estados Unidos al expara Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra para que diera su testimonio a favor del expresidente.

Otro que estuvo buscando a Monsalve para que se retractara fue Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático. Él contactó a Carlos Eduardo López, un comerciante y presunto paramilitar conocido como ‘Caliche’, para que le dijera a Monsalve que si enviaba un video echando para atrás las acusaciones contra Uribe se le ayudaría a entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en su decisión del martes 4 de agosto de 2020 vinculó al representante Prada en el caso y le imputó el delito de soborno en calidad de cómplice.

Los intentos de Cadena y Prada por voltear los testimonios de Monsalve, el ‘Tuso’ y otros exparas que han hablado sobre la relación de Uribe con el paramilitarismo llegaron a la Corte Suprema de Justicia gracias a las denuncias de Reinaldo Villalba, el abogado de Iván Cepeda, y las prueba que recolectó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

 

Esta es la historia del caso que hoy tiene a Uribe contra las cuerdas

 

Llamado de la justicia

Estas pruebas y denuncias fueron suficiente para que la corte llamara a Uribe a indagatoria en julio de 2018 por sobornar a testigos y fraude procesal. Desde ese momento, el expresidente comenzó nuevas jugadas jurídicas y políticas para defenderse. La primera fue el anuncio de su renuncia al Senado, pues estaba “moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa”. Aunque no dejó su curul, esto generó una gran movilización de apoyos de todo el uribismo para con su líder, a quien consideran víctima de la oposición y la izquierda que lo quieren ver encarcelado.

La segunda movida de Uribe, más jurídica, fue una recusación contra los tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue aceptada. Es decir, la corte cambió a los magistrados que estarían en la indagatoria del expresidente y, además, la movió a la Sala Especial de Instrucción, que se creó relativamente hace poco tiempo (con el Acto Legislativo 1 de 2018) y que solo investiga y acusa. Quien decide si es culpable o no es la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia.

Con esto Uribe demoró el llamado a la justicia. A esa recusación se suma la que presentó Cepeda contra la magistrada Cristina Lombana, quien fue elegida en la nueva terna para la indagatoria de Uribe. Por ser oficial del Ejército y haber sido subordinada de Uribe durante su dos periodos de mandato, podría ser imparcial. Por esa razón la corte también aceptó esa recusación.

Finalmente, el 8 de octubre de 2019, Uribe asiste a la Corte Suprema de Justicia para su indagatoria. Fue otro hito en el país: la primera vez que un expresidente era investigado por una alta corte. Ese día la defensa de Uribe argumentó que sí se dieron los acercamientos con Monsalve, pero que fueron por parte del expara, quien buscaba beneficiarse del expresidente. Y luego de casi ocho horas de indagatoria, la corte decidió incluirlo formalmente a la investigación de la Sala Especial por soborno a testigos y fraude procesal.

 

Indagatoria de Uribe en claroscuro

#En2019 | Es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente tiene que rendir indagatoria por la presunta comisión de delitos.

Posted by PACIFISTA on Thursday, December 26, 2019

 

¿Qué pasó entre la indagatoria y la decisión del pasado 4 de agosto de 2020? La investigación contra Diego Cadena. La Fiscalía dice que tiene pruebas que incriminan a este abogado en la compra de testigos para favorecer a Uribe. Entre esas pruebas están las declaraciones de la esposa del expara Monsalve, de un exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe y de la familia del expara Carlos Enrique Vélez. Ya la Fiscalía le imputó cargos por soborno y fraude procesal; y este jueves 6 de agosto podrían dictarle detención preventiva.

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¿Qué sigue ahora? (y la propuesta del uribismo)

Días previos a la decisión de detener preventivamente a Uribe, el uribismo comenzó una fuerte campaña en defensa de su líder. Publicaron un anuncio en medios de comunicación donde entre líneas presionaban a la Corte Suprema de Justicia. “Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”, decía la publicidad.

 

 

El presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, miembros del Centro Democrático, le recordaron a la justicia a través de entrevistas radiales y sus cuentas en Twitter que no podía juzgar y detener a un hombre ‘honorable’ y que ha trabajado con “amor por Colombia”. Otro funcionarios del Gobierno entre los que están Luis Guillermo Plata, gerente para la emergencia por el Covid-19, y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, publicaron una carta respaldando a Uribe. “Rechazamos vehementemente el activismo nefasto de sectores históricamente opuestos del ideario del expresidente Uribe, con el que pretenden tergiversar los hechos convirtiendo a un hombre inocente en el responsable de conductas en las que jamás ha incurrido”.

Pero después de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el uribismo arrancó con nueva nueva campaña: impulsar una Asamblea Nacional Constituyente para “despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la República”, escribió el Centro Democrático en un comunicado. Es decir, pide una reforma a la Constitución para así reformar a la justicia y beneficiar a Uribe. Este será el tema que más hará sonar el uribismo de aquí en adelante. Por ahora, Duque descartó esa propuesta porque se trata de un proceso largo.

 

 

Ahora, ¿qué sigue en la Corte Suprema de Justicia en el caso de Uribe? Como lo explicamos en párrafos arriba, la orden de detención preventiva fue por parte de la Sala Especial de Instrucción. Lo hizo porque esta sala considera que el expresidente representa “posibles riesgos de construcción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas”. Entonces, Uribe permanecerá arrestado en su casa por lo menos durante un año, el tiempo que dura esa decisión, mientras la sala investiga y revisa las pruebas en su contra por sobornar testigos a su favor.

Si la Sala Especial de Instrucción dice que Uribe es culpable, lo acusará ante la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia para iniciar su juicio. Esta segunda sala lo puede condenar, pero su defensa puede apelar esa decisión. Si llega a pasar, la Sala Plena tendrá la última palabra: mantiene o tumba la condena.

Como ven, es un proceso largo, que apenas está arrancando y aún se desconoce cuáles acciones judiciales tomará la defensa del expresidente. Lo más probable es que ponga un recurso para impugnar (es decir, frenar) la detención. Sin embargo, esa impugnación tendría que ser revisada por la misma sala y los mismos magistrados que ordenaron su retención domiciliaria y preventiva.

Mientras cumple su detención preventiva, ¿qué pasará con su curul en el Senado? Quedará suspendida según el artículo 359 de la ley 600 de 2000. “Cuando se imponga medida de aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo”. Y alguien de su partido podrá reemplazarlo.

En caso de que finalmente manden a Uribe a la cárcel por soborno a testigos y fraude procesal, tan solo lo estarían condenando por el caso menos grave que hay en su contra. Sobre el expresidente hay casi 60 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusaciones del Congreso que van desde la compra de votos hasta masacres y homicidios. Dos de esas investigaciones son: las masacres de La Granja, de 1996, y El Aro, de 1997, ambas ocurridas en Antioquia y cuando Uribe era gobernador de ese departamento; y sus vínculos con el nacimiento de grupos paramilitares, por lo que Cepeda citó al expresidente a debates en el Congreso.

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A José lo pueden encontrar acá.

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