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Derechos Sociales presenta el primer Plan de Acción para el TEA para los próximos tres años, dotado con 40 millones

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 presenta este martes 2 de abril, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el primer Plan de Acción para el trastorno del espectro del autismo (TEA) que, dotado con 40 millones de euros, se enmarca en una estrategia a nivel nacional durante los próximos tres años.

Realizado en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, el plan se estructura en torno a seis líneas de acción específicas que contemplan un total de 33 medidas. Más de la mitad del presupuesto irá destinado a fomentar la educación y el empleo inclusivos y de calidad de las personas en el espectro del autismo, con 28,2 millones de euros.

Otras líneas de acción pasan por contribuir a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad de las personas con autismo (dotada con 4,6 millones de euros); promover el acceso a la justicia y el empoderamiento de los derechos del colectivo (3,1 millones); promover el conocimiento y respeto hacia las personas con autismo (2,7 millones); impulsar la investigación, formación e innovación (468.000 euros) y favorecer la detección y diagnóstico precoz, así como al abordaje integral de la salud de las personas con autismo (320.000 euros).

Además, el Plan se articula en torno a 15 líneas estratégicas, 4 de ellas transversales y 11 específicas. En este sentido, giran en torno a la concienciación y sensibilización (elaboración y despliegue del Plan de Acción, investigación, formación y toma de conciencia), accesibilidad (con la modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad), investigación (se creará un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo), formación de profesionales, detección y diagnóstico (puesta en marcha de programas de detección precoz de deficiencias), atención temprana e intervención integral y específica (con un Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias).

También incide en la salud y atención sanitaria, en la educación (becas y ayudas al estudio), empleo (cuotas de reservas, entre otros), vida independiente (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y desinstitucionalización), inclusión social y participación ciudadana (igualdad de trato y la no discriminación), justicia y empoderamiento de derechos (apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica), apoyo a las familias y calidad, equidad y sostenibilidad de los servicios, con la creación del Centro Español sobre trastorno del espectro del autismo.

El trastorno del espectro del autismo es una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, y que acompaña a la persona a lo largo de su vida y afecta, fundamentalmente, a dos áreas del funcionamiento personal: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento.

MÁS DE 127.000 PERSONAS CON AUTISMO EN ESPAÑA

En la actualidad, la prevalencia global del autismo es de, al menos, el 1% en la población. En Europa residen aproximadamente cuatro millones y medio de personas con autismo y en España se identifican a 127.612 personas, de las cuales 29.992 (23,5%) son mujeres y 97.620 (76,5%) son hombres, según datos del IMSERSO correspondientes a 2021.

Como recuerda Derechos Sociales, la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo fue aprobada por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015 y es marco de referencia para la definición de políticas y acciones en el ámbito estatal, autonómico y local. El Plan pivota sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y se orienta a la igualdad de género.

Con la aprobación del Plan en 2015, el ministerio de Pablo Bustinduy destaca que por primera vez se abordaba la problemática a la que se enfrentan las personas con TEA y sus familias a nivel estatal, en una propuesta en la que colaboraron, además de las entidades del tercer sector, todos los ministerios y las comunidades autónomas.

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