Editorial

El caso de Andrés Felipe Arias tiene más contenido político, ideológico, emocional y sobre todo, irracional. Actualmente perdió todo tipo de parcialidad y la Corte por creer que está condenando a Álvaro Uribe Vélez, se ensañó en contra el exministro de Agricultura...

EDITORIAL

Que un medio de comunicación tome
una postura en favor de Andrés Felipe Arias es impopular, en especial en un
país como Colombia y más cuando en la mañana de este lunes, 15 de julio, el 90%
de los medios de comunicación sobre todo de Bogotá, dedicaron sus espacios para
seguir lapidando la vida del exministro de Agricultura.

No se han cansado de pedir fotos
o vídeos de su descenso del avión, cuestionan quién pagó el avión en el que fue
transportado, preguntan a dónde va, qué está haciendo, si se le puede dar un
plato de comida y hasta si tiene derecho a respirar.

Este medio de comunicación
siempre buscará que la justicia sea equilibrada, equitativa, sin sesgo y justa,
algo que nunca hemos conocido en Colombia.

La condena de 17 de años de
cárcel, siendo una de las más altas que ha impuesto en Colombia, debería tener
un acervo probatorio suficientemente fuerte, pruebas claras, contundentes y que
demuestren a toda la opinión pública y ciudadana que Arias cometió delitos
atroces y que lo obliguen a cumplir esta condena.

La sentencia de la Corte Suprema,
que de por sí viene sesgada por tener una pelea personal con lo que representó
y sigue representando el expresidente Álvaro Uribe Vélez, así como con toda
persona que tenga una ideología política de derecha, ha sido bastante estudiada
por distintos expertos, entre ellos académicos, juristas y hasta empresarios
para tratar de entender qué es lo que sucede.

Cabe mencionar que Arias fue
condenado por dos delitos. El primero, la celebración de contratos sin
cumplimiento de requisitos legales. 

Este delito se configura porque
Arias como ministro firmó un convenio directo con el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) de la OEA, para que ellos
administraran el programa de riego de Agro Ingreso Seguro.

Lo curioso es que este convenio
no solamente fue firmado por ministros de agricultura anteriores a Arias, sino
que también fue firmado por ministros posteriores a Andrés Felipe Arias, pero
para la Corte esto es un delito porque Arias “se alió con la OEA para
robarse un dinero y lo hizo de mala manera”…

No se entiende cómo la Corte
infiere que la OEA armó un entramado para robarse un dinero y favorecer a unos
pocos…

El segundo delito es peculado a
favor de terceros. La Contraloría y otras instancias confirmaron que Andrés
Felipe Arias nunca se robó un solo peso para sus arcas privadas, pero según la
Corte, Arias sí desvió recursos para favorecer a otros. 

La Fiscalía de la entonces
Viviane Morales, ahora embajadora de Colombia en Francia, presentó dos
acusaciones; una de ellas que favorecía al IICA y fue descartada por la Corte
Suprema, mientras que la otra fue por favorecer a grandes empresarios del
sector del agro colombiano.

En ese sentido del delito, se
dice que Arias arriesgó todo su capital político, su libertad e incluso su
reputación para beneficiar a unos terceros que nunca lo beneficiaron a
él… 

De hecho, el CNE reportó que
ninguna de esas personas beneficiadas con AIS aportaron a la campaña de Andrés
Felipe Arias. La campaña tuvo auditoria por parte de la Fiscalía y no presentaron
mayores pruebas.

Si las personas se quitan el llamado “velo de la ignorancia” para analizar el caso, sacan el odio de su corazón y dejan a Álvaro Uribe Vélez por fuera de la ecuación, se darán cuenta que la condena de Arias desde todo punto de vista es absolutamente injusta y desproporcionada.

La cizaña, el sesgo y la carroña que se puso en este caso es impresionante, pero lo particular es que los medios se han desviado de la verdadera esencia, solo para fastidiar la vida personal de Arias, su esposa, sus hijos y acabar a como de lugar lo poco que le queda de vida.

La justicia internacional, más
exactamente el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció
a favor de garantizar la segunda instancia para Arias.

Aunque esto es más una decisión
que tiene un carácter y una figura de recomendación, más no de un fallo
vinculante, acá la Corte dice que no y que Arias no tiene derecho en segunda
instancia.

A todas luces estamos ante un
esperpento político jurídico y porque criminales como Santrich, Márquez y “El Paisa”, quienes cargan
en sus espaldas miles de asesinatos, extorsiones, secuestros, bombas y
narcotráfico, siguen libres como si nada, mientras que Andrés
Felipe Arias, que no se robó un solo peso y no cometió delitos de lesa
humanidad, sí fue condenado a 17 años de presión.

En qué cabeza lógica y sin sesgo
cabe eso, ¿Qué gana la justicia colombiana haciendo esto?, ¿Calmar su sed
venganza? 

¡No tiene ni pies ni cabeza esto que estamos presenciando!

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Este editorial fácilmente puede aplicar para cualquier otra ciudad del país, desde la capital de la República, hasta los municipios que están en esa Colombia profunda, tan alejada del del spotlight de los medios, el escrutinio general y que a veces solo volteamos a ver cuando ocurren tragedias.

EDITORIAL

El pasado viernes 5 de julio, Medellín despertó con una noticia que enlutó no solamente a una familia, sino a toda una ciudad: una vivienda de tres pisos se vino al suelo en el barrio Santander, comuna 6 de la ciudad, tras fuertes lluvias registradas en todo el Valle de Aburrá.

Este triste suceso dejó a 3
personas sin vida, entre ellas una menor de 13 años y su madre de 32 años,
mientras que un adulto mayor y una pequeña de tan solo 5 años lograron ser
sacados de los escombros con vida.

Son muchos
los testigos que hablan de ruidos previos al colapso de toda la vivienda, pero
aún se desconoce con exactitud qué fue lo que causó el derrumbe de la
estructura esa fatídica noche del 4 de julio.

Es claro
que las investigaciones que se están adelantando se tienen que respetar, pero
más allá de esta tragedia, lo cierto es que este hecho deja al descubierto una
realidad oculta, algo que se mueve como una serpiente en un arenal y que es
bastante peligroso, no solo para Medellín, sino para todo el país.

Los controles que debe haber para cualquier tipo de construcción se han flexibilizado y muchas veces, es inexistente la vigilancia que se debe hacer a estas, ya sea para viviendas familiares, oficinas o para cualquier otro tipo de establecimiento.

Es inconcebible que en la
actualidad existan en Medellín diferentes estructuras erigidas a lo largo y
ancho de la ciudad, pero lo más preocupante es que ni el municipio puede hacer
algo porque no existe una herramienta para intervenir o algún elemento que se
pueda utilizar para velar por la óptima construcción de una estructura.

Ejemplos hay muchos. En la
Avenida Bolivariana con la Carrera 65 hay un edificio que lleva más de 10 años
en construcción y allí no pasa absolutamente nada; es un edificio fantasma, con
su estructura expuesta y al que cada año le invierten algo de dinero esperando
algún día poder terminarlo.

Otro caso es el edificio que está
al frente del Hotel Intercontinental, ese que se conoció públicamente que era
de la Constructora Fajardo Moreno. Quien pase por ese sector se va a encontrar
con una estructura en obra negra que lleva así más de 13 años, expuesta y sin
que nadie haga o diga algo.

Uno de los casos más emblemáticos
es el Meritage, esa edificación que se vendió como un exclusivo y lujoso proyecto
que queda camino hacia al aeropuerto José María Córdoba.

Esta construcción lleva aproximadamente
entre 3 y 4 años abandonada, tiene problemas con la SAE (Sociedad de Activos
Especiales) y su estructura también ha estado ahí, expuesta y vulnerable.

De hecho, según información que
ha recogido este medio de comunicación, esta edificación solo ha servido para
que se roben el material y en general, gran parte de lo que se ha alcanzado a
hacer, se ha venido deteriorando.

Esto son solo algunos ejemplos de
decenas de construcciones que se pueden encontrar, no solamente en Medellín, sino
en toda el área metropolitana, así como en diferentes ciudades del país.

El problema no es solamente con esas
construcciones que inician, se van construyendo poco a poco o nunca se terminan,
también hay que mencionar a las construcciones exprés, esas que son conocidas
popularmente como “palomeras” o “garitas”, las cuales son hechas
por familias que sin ningún tipo de permiso o estudio de terreno levantan una
construcción así porque sí.

Esas sí
que son fáciles de identificar, pero por desgracia ninguna administración
regula esto, y mucho menos, hacen algo para intervenirlas.

Todas esas construcciones se
convierten en un atentado contra la estética de barrios tradicionales y lo que
es peor aún, afectan las estructuras ya existentes de los edificios y ponen en
peligro a sus vecinos.

En tal virtud, es sumamente
preocupante que la construcción está desregularizada y esta quede al libre albedrío
de las personas, en especial porque ya conocemos la historia de los curadores y
cómo se han manejado.

Lastimosamente la política de encontrar
a todos los curadores con un apartamento en todas las construcciones que autorizan,
se volvió algo normal y no nos damos cuenta del riesgo inminente de que se
puedan seguir presentado derrumbes, colapsos e incluso, se sigan ordenando demoliciones,
tal y cómo lo hemos venido observando por culpa de la ausencia y mano fuerte
del Estado.

Lo más grave de todo es que acá
no solamente se está perdiendo dinero o una estabilidad, se están perdiendo
vidas humanas.

Es más que necesario que el
ministerio de Vivienda y Camacol, así como los municipios y gobernaciones de
todo el país, se pongan las pilas y elaboren una mesa de trabajo en donde
intervengan este problema tan delicado, porque de lo contario, seguiremos
lamentando que personas inocentes pierdan su vida en estas construcciones piratas.

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No se trata de ser antipatriota ni alimentar una crítica ligera o sensacionalista hacia nuestro país, se trata de fijarnos en la verdad, en los hechos evidentes y en la necesidad de tomar decisiones responsables, profundas y transcendentales

Por: Redacción 360 Radio.

Colombia tiene grandes falencias en campos científicos, de desarrollo, productivos y competitivos. En los últimos años el Gobierno de Juan Manuel Santos hizo grandes esfuerzos por sacar a Colombia del letargo en el que se encontraba en materia de infraestructura.

Ha habido esfuerzos loables pero insuficientes, como todo lo que se hace. No solamente estamos muy retrasados, sino que hemos demostrado que la combinación de corrupción, mediocridad, improvisación y una topografía bastante compleja, no van a permitir que la mayoría de obras que necesita el país, salgan a flote.

Una de las soluciones – como las ha adoptado Panamá o incluso México – es empezar con una política clara y amplia de concesiones; alianzas público privadas con grandes constructores a nivel mundial.

Claramente las personas tendrán en su memoria el caso de Odebrecht, y vale la pena ser justos; más allá de los hechos de corrupción que son completamente detestables y los rechazamos enfáticamente, Odebrecht era una empresa que cumplía con todas sus obras, lo cual demuestra que las empresas privadas son mucho más rigurosos para llevar a cabo esta clase de proyecto, por lo cual el estado tiene que funcionar como garante y, sobre todo, como ente supervisor de que los privados siempre actúen en todos los marcos de legalidad y en beneficio de las comunidades.

Hemos tenido episodios cercanos, desde los más pequeños hasta los más grandes, como deprimidos absolutamente cortos u otros medianamente grandes: El intercambio de la calle 100 en Bogotá que se inundaba, el deprimido de la Inferior con los Balsos en Medellín, el Túnel de la Línea, el Túnel de Oriente, el Túnel de Crespo en Cartagena; gran cantidad de proyectos que de distintas perspectivas, han tenido bastantes inconvenientes.

Hay otros que distan de temas de infraestructura vial, pero que han tenido relevancia, como el proyecto de Hidroituango, donde EPM como constructor, tuvo bastantes errores. En segundo lugar, tenemos edificios que se han demolido; el Edificio Space y Bernabento en Medellín

El colapso del puente Chirajara en enero del 2018, la doble calzada Bogotá-Villavicencio, El Edificio Blas de Lezo en Cartagena, las estructuras del Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, el puente peatonal de la Carrera 11 con calle 103 en Bogotá, o en otros casos, el Metro de Bogotá que al parecer va a ver la luz al final del túnel, pero sigue con problemas.

Llevan entre 50 y 60 años prometiéndole a los bogotanos un metro que apenas pareciese, fuera a llegar, esto tiene que plantear una solución, tiene que llamar a una profunda reflexión a todos los gobiernos – a los locales y a los nacionales – para ser más sensatos, a confiar en la empresa privada y a ser rigurosos con la contratación.

Las universidades colombianas tienen que hacer una reestructuración seria y necesaria en sus planes académicos, en sus pensum; revisar la forma en cómo están evaluando a los estudiantes. Las firmas de ingeniería tienen que ser mucho más rigurosas con sus auditorías. La utilización de materiales de baja calidad para aumentar la rentabilidad, está cobrando vidas humanas, un ejemplo reciente es el colapso del puente Bogotá-Villavicencio, el presidente dijo muy olímpicamente, “arreglen la vía” y cogió un avión y se fue para Londres.

Este tema es preocupante, porque no solamente se pierde mucho dinero sino que la imagen de la construcción colombiana ha quedado por el piso a nivel nacional y mundial. Es bueno que no solamente desde el ministerio de transporte, sino desde cada uno de los despachos regionales encargadas de la infraestructura, sea a nivel departamental o municipal, empiecen a cambiar el chip, porque ya podemos confirmar que construir obras de infraestructura, le quedó grande a los colombianos.

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EDITORIAL

Hemos insistido hasta el cansancio que Medellín tiene que pensar en grande, con serios criterios de responsabilidad y largo plazo su sistema de transporte. El querer implementar líneas de Metroplús en estos tiempos resulta retrógrado e ineficiente con la ciudad y las tendencias globales.

Medellín crece a pasos agigantados en su población, actualmente la ciudad cuenta con 2,5 millones de personas y nunca se puede dejar a un lado la redundante y trillada explicación que tenemos que ver siempre nuestro desarrollo como área metropolitana, como un territorio sin fronteras, en donde convergen habitantes de municipios vecinos, sumando así más de 4 millones de personas.

Estas personas en su mayoría son empleadas en la industria antioqueña, aún todavía en tradicionales fábricas asentadas a lo largo y ancho de la ciudad, pero sin lugar a duda una de las locaciones más importantes de Medellín se encuentra entre la comuna número 10, Candelaria y la comuna número 14, El Poblado.

El Poblado ha concentrado en los últimos años buena parte del asentamiento de oficinas de servicios del área metropolitana. El tráfico por lo general allí suele ser pesado de lunes a sábado, aunque se han hecho obras tan grandes como la valorización y otras obras complementarias siempre se ven deficientes ante el aumento del número de personas que se concentran en esta zona y las soluciones individuales que buscan cada una de ellas para movilizarse, donde está evidenciado el aumento exponencial de las motocicletas, por ejemplo.

Teniendo precedentes como el Tranvía de Ayacucho que hoy no está operando ni siquiera la mitad de lo que se esperaba pero que se convirtió en un juguete costoso que tiene la ciudad, es menester plantear algo imperante que consideramos necesario para el desarrollo de estas dos comunas, buscar mayor eficiencia, movilidad sostenible, seguridad, transformación de espacios y calidad de vida para los ciudadanos.

En primer lugar, valga la pena aclarar, que este proyecto requiere que las líneas de buses que circulan en este trayecto deben salir cuando se ponga en servicio, pues uno de los objetivos de esta idea es que la Avenida El Poblado reduzca los niveles de contaminación que tiene gracias a los centenares de buses que todo el día van de sur a norte con unas emisiones sumamente contaminantes, perjudiciales para la salud con partículas cancerígenas que degradan día tras día la salud de los antioqueños.

El trayecto que exponemos para esta obra comprende de 7.5 kilómetros partiendo desde el sector conocido como La Frontera, lugar donde se encuentran Envigado y Medellín, más exactamente se trata de la calle 21 sur con la carrera 43 A, ahí estaría ubicada la primera estación de este tranvía o metro ligero de El Poblado y que se extienda hasta la zona de la Avenida Oriental junto con la Iglesia de San José donde se cruza con el Tranvía de Ayacucho.

Sería un recorrido que no tiene una altura notable ni que dificulte el transporte o movilización del tranvía. Está contemplado que se pueda desarrollar este recorrido a través de esta especie de carril preferencial en 22 minutos y sería esencial para tres tipos objetivos: primero, seducir a las personas que usan el transporte privado en estas zonas de la ciudad para que se movilicen en este sistema de transporte. En segundo lugar, como lo mencionábamos, reducir los niveles de contaminación en esta parte de la ciudad. En tercer lugar, para mejorar la cobertura del transporte público, su eficiencia, su sostenibilidad, seguridad y transformación de espacio que genera. Se puede permitir y es necesario conservar dos carriles a ambos costados para el transporte privado, y en la mitad iría el tranvía. 

Medellín debe apostar por este tipo de ideas; le permitiría a las personas movilizarse por corredores alternativos y le daría una nueva cara a una de las zonas más importantes de la ciudad.

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EDITORIAL

Los últimos acontecimientos en nuestro país han despertado más escepticismo, duda e incertidumbre de lo que normalmente ronda a nuestra nación. El panorama es poco alentador.

Ya era conocido que la justicia en nuestro país no estaba funcionando. Ya también se había evidenciado que la desconfianza en las instituciones está siempre al borde del colapso, y claramente que hace falta un verdadero liderazgo político para afrontar los retos que tiene el país.

Desde esta editorial hemos planteado, en numerosas ocasiones, los problemas que tiene actualmente Colombia y vemos con desaliento cómo se han abordado estos, y sobre todo, de qué manera han sido evacuados prematuramente y sin mayor estudio de la agenda pública del país.

Es de resaltar que teníamos una fe ligera y efímera en que el gobierno nuevo del presidente Iván Duque hiciera unos cambios que le permitiera devolverle la esperanza a Colombia, y sobre todo, darle un sentido de pertenencia a cada uno de los colombianos y llevar a cabo unas grandes reformas en lo esencial que el país necesita.

Fuera de eso, se ha conocido que este primer año que va a cumplir el presidente Duque de gobierno ha sido absolutamente paquidérmico, como una momia, pues no ha tenido mayores avances en la agenda legislativa, no ha tenido mayores gestiones a nivel de gabinete, y en otro sentido del ámbito político y económico, no ha logrado revitalizar la economía colombiana y la capacidad de los ciudadanos de volver a creer en su país.

La semana pasada llegamos a uno de los casos que evidenció la situación actual de la justicia en Colombia y es el caso de ‘Jesús Santrich’, demostrando que nuestra justicia requiere un revolcón de grandes proporciones.

Convocar a un acuerdo nacional como lo ha hecho el presidente Duque no es más que una reedición de los múltiples llamados acuerdos que se han hecho en los últimos 12, 14 años de vida política en el país, tratando de ser una mala copia e la tesis que siempre profundizó Álvaro Gómez Hurtado, una de las más mentes más brillantes de nuestro país, que fue lastimosamente asesinado por la izquierda colombiana.

En otro sentido, a Duque no le queda de otra que echar mano de lo que nunca ha querido echar mano y es de darle una participación a los partidos políticos en su gobierno, porque de lo contrario no va a encontrar un rumbo claro para redireccionar y enderezar el camino que ha tomado su presidencia.

El acuerdo sobre lo fundamental no debe ser sobre acuerdos burocráticos, debe ser sobre unos acuerdos que garanticen la institucionalidad del Estado en materia de justicia, seguridad, activar y sacar adelante las reformas que el país necesita y que deben ser tramitadas a través del Congreso, y en general, la lucha contra la ilegalidad debe ser una puesta por el bien común, por los valores superiores de la sociedad y no del beneficio personal.

De tal manera que desde esta editorial queremos ser muy claros, precisos y respetuosos con el diagnostico del país que como mencionábamos para nada es alentador; hoy Colombia está en un ‘stand by’ mediocre, en un punto en donde puede pegar retroceso gordo y echar a la borda lo poco que se ha avanzado pero ha sido sustancial, o en definitiva cambiar lo que se ha hecho hasta hoy que no ha funcionado.

Iván Duque no le puede dar más largas a cambiar algunos ministros de su gabinete; no puede seguir en una posición timorata cuando los contextos demandan más vehemencia, más severidad en la toma de decisiones, porque de lo contrario, no solamente su imagen va a seguir cayendo, sino también la percepción del país y sabemos que eso no conviene para el futuro inmediato a nivel político y administrativo ni para la calidad de vida de los ciudadanos de Colombia.

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EDITORIAL

Fuera de ser ilógico, incoherente y hasta irresponsable, el acto de que tan siquiera algunos personajes se atrevan a cuestionar al gobierno de los Estados Unidos, más exactamente a DOJ (Departamento de Estado) por sus decisiones sobre visados, es claramente una intromisión en la soberanía del país americano.

Desde el punto de vista de la coherencia es inentendible cómo algunos sectores de la izquierda colombiana se han puesto en un papel de víctimas, con denuncias abarrotadas, con una alharaca absolutamente innecesaria por cuenta de las decisiones que, a buen momento y en plena conciencia de la situación que vive el país, deciden retirar visados a distintas personas.

Más allá de todo eso hay que entender que el país americano funciona de manera muy distinta a como funciona Colombia. Allá la justicia realmente sí opera en favor de los ciudadanos de bien, trabaja mancomunadamente con el Estado para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y para garantizar que se haga realmente justicia en todos los casos que allí se tratan.

Fuera de eso, a nivel diplomático hay que recordar que el actual gobierno de los Estados Unidos tiene una política muy clara sobre el terrorismo y contra la lucha del narcotráfico. Colombia, que hoy goza del “honroso” primer lugar de ser el mayor exportador de droga en el mundo, está en los ojos de Estados Unidos y no está bajo esa lupa porque estemos haciendo muy bien la cosas, sino porque, en definitiva, hemos dado unos retrocesos completamente nefastos que atentan contra la salud pública no solo de los colombianos, sino también de los americanos.

Por eso, las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que no se ha hecho nada para mejorar las hectáreas de coca son tan acertadas como las decisiones que toma el DOJ a la hora de retirarle visas, no solamente a personas investigadas, sino a personas que están actuando en contra de los intereses de los Estados Unidos de América.

Personas que han denigrado pública y privadamente de la actuación americana, personas que comparten ideales en contra de la constitución de los Estados Unidos, pero luego les quitan la visa y pegan un grito en el cielo, se muestran asombrados y prácticamente pueden tomar un avión para solicitar medidas cautelares ante CIDH como bien saben proceder esos sectores.

Es también, de manera contraproducente, que el presidente Duque tan siquiera intente mediar o interceder para que analicen el retiro de las visas a magistrados y congresistas. El mandatario debe respetar esas decisiones y además, así como no ha actuado en el caso de Andrés Felipe Arias para absolutamente, lo más normal es que tampoco actúe para colaborarle a unos magistrados que están abiertamente en contra del pueblo colombiano en su lucha contra los fantasmas como lo son el crecimiento de las drogas, la no extradición de delincuentes y terroristas comprobados que solamente están afectando la integridad de nuestro país.

Estados Unidos ha sido un aliado fundamental de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el hambre y en general, ha sido un aliado que nos ha permitido tener grandes avances en los principales frentes que atiende un país, y tampoco tiene coherencia ni lógica que seamos uno de los países que más dinero le pide, y por ende recibe, de los Estados Unidos como se puede notar en la última adición al presupuesto que hicieron para Colombia, pero nos pasemos despotricando de ellos, yendo en contra de sus políticas, criticando a su presidente, su gobierno y cometiendo actos que atentan en contra de su imagen y su presencia en nuestro país.

Si queremos realmente una independencia, si lo ideal es hablarle en tono alto a los Estados Unidos y entrar en confrontación, lo primero que tenemos que hacer es no pedirles más dinero, lo segundo es revaluar todas nuestras relaciones con ellos y entrar en una nueva era diplomática como lo plantean sectores de la izquierda, y obviamente el tiempo nos dirá si era mejor ser aliados de Estados Unidos o es mejor ser aliados de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.

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