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La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado este martes la vigesimoquinta prórroga del estado de excepción, que comenzará el 11 de abril y tendrá una duración de 30 días, hasta el 10 de mayo, una medida que lleva vigente más de dos años y que ha conducido a la detención de decenas de miles de supuestos pandilleros en el país centroamericano.
El decreto ha sido aprobado con los 67 votos a favor del partido gobernante, Nuevas Ideas, y de sus aliados frente a cuatro abstenciones y siete votos en contra, según ha informado el diario salvadoreño ‘El Mundo’.
La medida suspende algunos derechos constitucionales y ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos, pero el Gobierno la defiende como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas, cuya suspensión llevaría a un “retroceso en los avances alcanzados” y defiende que ha sido efectivo para reducir la “violencia homicida” en el país.
Según datos de numerosas ONG, durante al menos 3.500 detenciones se han vulnerado Derechos Humanos, y acusan a las fuerzas de seguridad de llevar a cabo arrestos arbitrarios al mismo tiempo que denuncian unas 185 muertes registradas en las cárceles del país.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el objetivo facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.
