Opinión

Por: Abelardo De La Espriella

Recularon los “honorables” magistrados de la Corte Constitucional; por poco y ejecutan un golpe de Estado contra el presidente Iván Duque y la democracia, al aceptar el planteamiento impresentable del pobre diablo que regenta la Cámara de Representantes y de todos aquellos mamertos enemigos de la República: atreverse a vociferar que el primer mandatario no tiene facultades para objetar una ley estatutaria por inconveniencia no es ignorancia (la constitución y la jurisprudencia son clarísimas al respecto); es maldad en pasta. De otra forma, no puede entenderse que se ataque injustamente a un gobierno decente, con el propósito de defender a ultranza a los genocidas de las Farc, en desmedro del dolor de tantas víctimas y sus familias, y, por supuesto, de la institucionalidad. Estas cosas tan absurdas e ilógicas solo pasan en la tierra del Sagrado Corazón.

Pero eso es lo que hay y debemos lidiar con una Corte Constitucional, que es en realidad un directorio político al servicio de las ideas de izquierda y, desde luego, del “nunca bien ponderado” Tartufo Santos. Como buenos cobardes, tan pronto sintieron la presión popular reversaron una decisión que ya había sido anunciada por ellos mismos a través de las redes sociales. Los togados se creyeron los todopoderosos (no en vano desde hace años usurpan las funciones de las otras ramas del poder público a su mejor conveniencia), pero esta vez no contaron, eso sí, con la indignación de toda una sociedad que está harta de la impunidad entregada a la guerrilla.

Se trata de politiqueros que posan de jueces. Por eso no podían dejar pasar la oportunidad de hacer el daño para el cual han sido convocados: si bien se abstuvo de impedir el estudio de las objeciones hechas por el presidente, la Corte Constitucional en el auto 123 de 2019, cuyo ponente es el siniestro Antonio Lizarazo (quien debió declararse impedido por haber sido asesor del tartufo en el proceso de paz, aunque no se le pueden pedir peras al olmo), incorporó un par de “micos”, a saber: un plazo caprichoso y arbitrario al Congreso para tomar una decisión, y ordenar, además, el regreso del proyecto a esa corporación, aunque este sea archivado total o parcialmente. Sigue el prevaricato, en flagrante violación del principio de legalidad. Ahí está el veneno. En consecuencia, debemos seguir alertas: al final del ejercicio, la Corte Constitucional, como sea, tratará de favorecer a la subversión, pues no hay nada más sesgado que una justicia ideologizada.

Y, si la Corte Constitucional está politizada hasta el cogote, la minga indígena ni se diga; porque no se trata de una reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común y en pro de la comunidad, de acuerdo con el significado del vocablo dado por la RAE. Es todo lo contrario: una asociación para delinquir, cuyos intereses también son económicos. La idea es conseguir mayores recursos para sostener así todas las formas de lucha. Esa bola de bandidos, que no son indígenas inocentes peleando por causas nobles, debe ser contenida con todo el poderío del Estado. No hay derecho a que paralicen el sur occidente del país para que los narcos, entre los que están las Farc, el ELN y demás bandas criminales, hagan de las suyas con las más de 200.000 hectáreas de coca que tienen sembradas. La minga es terrorista y sanguinaria: varios de esos delincuentes murieron accidentalmente intentando armar explosivos para atacar a la Fuerza Pública (hay algo de justicia poética en ello).

La minga es una bigornia, un arma de presión y un instrumento de venganza contra el presidente Duque por las decisiones acertadas que ha venido tomando para salvaguardar el Estado de Derecho y la democracia. Detrás de ese parapeto están los mismos de siempre: el más visible de todos, el degenerado y sicofante de Gustavo Petro, quien sigue apostándole a la anarquía, a la división y al odio, como banderas de campaña.

La cosa es muy sencilla: como no se trata de una manifestación ajustada a las normas y la ley, hay que repelerla con total contundencia; el diálogo no es la salida, pues, cuando a la mesa se sientan apátridas con intereses subalternos, es justo cuando hay que mostrarles por qué el Estado nunca pierde.

La ñapa I: Mala semana para los zurdos mamertoides: unos cuantos gatos salieron a marchar por los violadores y terroristas de las Farc; el Consejo Nacional Electoral le niega la personaría jurídica al movimiento de Petro, y, para acabar de completar, la Corte Constitucional recula con lo de las objeciones presidenciales.

La ñapa II: Bien por todos los congresistas que votaron en primer debate el Plan de Desarrollo. Así es como se hace patria, señores. Por cierto, en dicho plan, se incluye una gran partida presupuestal que beneficiará a la comunidad indígena. ¡Lean, mamertos!

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Por: Juan Camilo Restrepo

Los informes que el FMI debe rendir sobre la marcha de las economías de todos los países afiliados, conocidos como consultas del artículo IV, tienen la ventaja de que sin ser obligatorias sus recomendaciones permiten tener un punto de vista independiente sobre la marcha de la economía.

La semana pasada el FMI rindió su concepto sobre la economía colombiana y bien vale la pena, en consecuencia, detenerse en algunas de sus conclusiones más relevantes.

En términos de crecimiento económico para Colombia en este año del 2019, el FMI es relativamente optimista. Después de haber tenido crecimientos del 1.8% para el 2017 y de 2.7% para el 2018, el FMI considera que las perspectivas para Colombia en este año son favorables, debido a la flexibilidad de la política económica, los precios más altos del petróleo y la coyuntura mundial más favorable, que deberían llevar el crecimiento en este año del 2019 a niveles superiores al 3.0%.

Con relación a la situación fiscal, por el contrario, el FMI no observa el mismo optimismo. Si bien es cierto el año 2019 podremos pasarlo como se dice “dejando pelos en el alambrado” -gracias a la Ley de Financiamiento, pero sobre todo por virtud de los dividendos extraordinarios que Ecopetrol podrá entregar al Gobierno- el panorama del 2020 en adelante no luce tranquilizante. Entre líneas el FMI pronostica que del año entrante en adelante la política fiscal tendrá que apoyarse en recortes draconianos del gasto público y muy probablemente en una nueva Reforma Tributaria.

Echa también de menos el FMI que no se hayan emprendido por este gobierno reformas estructurales como las pensiones. “El sistema de pensiones tiene una baja cobertura y es altamente regresivo, anota el fondo. Reducir las tasas de reemplazo y aumentar las edades de jubilación de hombres y mujeres (que el gobierno ya dijo que no  haría) serían pasos importantes para fortalecer el sistema pensional. Los ahorros logrados podrían utilizarse para apuntalar el pilar no contributivo. Deben considerarse reformas estructurales mas profundas del sistema contributivo con el fin de ampliar el acceso, ya sea que estén gestionadas por Colpensiones o por el Sistema de Ahorro Privado”.

Personalmente me llamó la atención en este informe del FMI, cosa que no es usual, el jalón de orejas que le da al Banco de la República. Textualmente dijo lo siguiente: “La misión celebra las modificaciones introducidas en el proceso de toma de decisiones del Banco Central para reforzar el análisis que la respalda y para sincronizar las reuniones de la junta directiva del Banco Central con divulgaciones importantes de datos. En adelante (y esto es lo novedoso en boca del FMI) el Banco Central debería preparar comunicados que sean coherentes a lo largo del tiempo y que expliquen mejor la opinión de la Junta directiva sobre las disyuntivas en materia de políticas”.

En síntesis: el informe del FMI sobre Colombia es relativamente tranquilizante. Si bien no se observan nubarrones en el corto plazo, es importante registrar que el panorama fiscal a partir del 2020 lo califica el FMI como preocupante; al mismo tiempo que echa de menos que se le haya dado largas a enfrentar cambios estructurales que necesitamos con apremio, muy especialmente en el campo pensional.

Y a este propósito valdría la pena, para concluir, esta reflexión: el asunto de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP sin duda alguna consumirá una gran cantidad de tiempo y de energías, tanto del gobierno como del Congreso, en los meses venideros. Esto significa que habrá menos capacidad para responder con diligencia a las reformas estructurales que, como lo anota el FMI, siguen como tareas inconclusas.

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Por: Amylkar Acosta

Muchos han sido los desaguisados propuestos en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República y que este tramita en sesiones extraordinarias, suscitando una gran controversia y en no pocos casos de ellos el ejecutivo ha terminado retirándolos en volandas. Es el caso de la eliminación de los subsidios a la tarifa de energía y la elevación de la cotización al Sistema de seguridad social de los trabajadores independientes, así como la unificación de la tarifa de impuestos a los licores, entre otros.

A guisa de ejemplo están las propuestas contenidas en el mismo en relación al Sistema General de Regalías (SGR). En lugar de aprovechar la oportunidad para enderezar los entuertos de los OCAD y su funcionamiento, reflejados en la baja ejecución de sus recursos, lo que se busca es recentralizar aún más su manejo. Se propone modificar el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, reservándole a los OCAD como función sólo “aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiar los proyectos de inversión sometidos a su consideración”. Con ello le arrebata a los OCAD la facultad de definir “los proyectos prioritarios”, como lo manda el Acto legislativo 05 de 2011. Y lo que es más grave, le quita también la competencia a los OCAD de “evaluar, viabilizar”, como lo dispone la Ley 1530.

Además, de aprobarse el artículo 28 del proyecto, todos, absolutamente todos, los proyectos financiados con recursos provenientes de los fondos del SGR serían “viabilizados por los ministerios o los departamentos administrativos”. Aquellos que, por su naturaleza, no correspondan a ningún Ministerio o Departamento Administrativo” los viabilizaría el DNP, el cual además “ejercerá la Secretaría Técnica del OCAD –PAZ”. Esta norma sería un retroceso y trasgrede el principio de la autonomía territorial consagrado en la Constitución Política.

Esto es lo único que le hace falta al gobierno central para tener el control absoluto del SGR y sus recursos, que son de las regiones, después que contraviniendo y desacatando un fallo de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 31 de la Ley 1606 de 2012 que lo imponía, en un acto de contumacia, estableció a través del artículo 28 de la Ley 1744 de 2014 el poder de veto del gobierno central en los OCAD. Y, como si esto fuera poco, habilitó al gobierno nacional para que a motu propio pueda presentar sus propios proyectos a los OCAD, compitiendo con los proyectos que presenten alcaldes y gobernadores. Se imaginan ustedes, el Gobierno Nacional fungiendo como juez y parte, con poder de veto en los OCAD, arrogándose la prerrogativa de presentar sus propios proyectos al mismo y ahora pretende, además, ser quien viabilice los proyectos para su aprobación. En estas condiciones, cuál será la suerte de los proyectos presentados por los gobernadores y los alcaldes.

En el Artículo 52º se dice “proyectos de gasto público territorial. Para garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura previstas en el presente Plan, se podrán autorizar vigencias futuras ordinarias o excepcionales durante el año 2019 para proyectos que conlleven cofinanciación nacional, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011. Por lo tanto, como lo veremos, podrán comprometer en vigencias futuras tanto los recursos ordinarios del SGR como aquellos provenientes de los ingresos adicionales.

A renglón seguido se dice en el Artículo  54°:“autorización para el uso de recursos de mayor recaudo…1. Incorpórese al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías para el bienio 2019 – 2020, la suma de $3.743.368.299.111, resultante de la diferencia entre el valor presupuesto para este bienio y el valor efectivamente recaudado en la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, así:

1. De los recursos incorporados en el numeral anterior, destínese la suma de $3.743.368.299.111 al Presupuesto de gastos, según el siguiente detalle…Los recursos incorporados en el presupuesto bienal del Sistema General de Regalías a través del artículo 7 de la Ley 1942 de 2018, no estarán limitados por lo dispuesto en el artículo 40 de la misma Ley”.

Con este artículo, simplemente, lo que están haciendo es flexibilizando la norma, dejando sin límite y con las manos libres a los actuales gobernadores y alcaldes para comprometer más del 50% de los recursos del bienio que le corresponden de acuerdo a la norma vigente. Así las cosas, podrán comprometer hasta el 100%, porque no tendría techo, lo cual me parece muy irresponsable de cara a las próximas administraciones que se instalen el 1 de enero del próximo año. Si a esto se añade la derogatoria de la Ley de garantías, a la que se comprometió el Presidente Duque en el Congreso de la Federación de Municipios en Cartagena a tramitarla con mensaje de urgencia, se imagina la feria, en vísperas además de las elecciones de octubre?

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Por: José Gregorio Hernández

Se dispone el Congreso a resolver sobre las objeciones que, por inconveniencia,  formuló el Presidente Duque sobre seis artículos del proyecto de ley estatutaria para la JEP. No se puede abstener de decidir.

Característica fundamental de un sistema jurídico que desarrolle los principios del Estado de Derecho es la existencia, en la Constitución y en las leyes, de normas claras que contemplen las funciones de cada rama y órgano del poder público. Cada órgano tiene definidas sus atribuciones, funciones, facultades y obligaciones, y debe ejercerlas sin incurrir en omisión ni en extralimitación, sin perjuicio de la colaboración armónica, tal como lo contempla el artículo 113 de la Constitución.

La función de todos los órganos del poder público ha de ser ejercida de modo que, además de no invadir las funciones de otros, realice los postulados y las reglas, en normas jurídicas y no en la arbitrariedad, ni en la torcida interpretación de sus mandatos. Para que ello sea así, y para que la sociedad mantenga su confianza en la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en los órganos de control, y para que los ciudadanos tengan seguridad en la vigencia de sus derechos y garantías, es indispensable que impere el Derecho. Y que incluso en el caso de decisiones políticas lo reconozcan y apliquen.

Así, pues, las funciones públicas deben ser cumplidas exclusivamente con sujeción a los mandatos de la Constitución y las leyes, y dentro de las competencias de cada uno. El artículo 122 constitucional estipula que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, a la vez que el 121 dispone que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

El artículo 6, por su parte, dispone que los servidores públicos respondan tanto por vulnerar la Constitución o la ley como por omisión o extralimitación de funciones.

Por ejemplo, la Corte Constitucional, que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, profiere sentencias, con carácter obligatorio, que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. No emite conceptos, porque no tiene una función consultiva, lo que, en cambio, sí corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que, a su vez, no profiere sentencias. Entonces, nadie debe pedir conceptos a la Corte Constitucional, ni ella los debe emitir. Ni la Corte debe pronunciarse sobre las objeciones por inconveniencia, una competencia del Congreso.

Otro ejemplo: el Procurador General debe emitir concepto ante la Corte en el proceso de control sobre objeciones presidenciales por razones de inconstitucionalidad, pero no podría descalificar  o rechazar fuera de proceso unas objeciones por inconveniencia, lo cual es privativo de las cámaras.

Y deben aplicarse las normas. Así que, cuando el artículo 200 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) estatuye que si una cámara declara fundadas las objeciones y la otra infundadas “se archivará el proyecto”, eso es claro. No hay lugar a interpretación distinta, como alguna que escuchamos, según la cual, en tal evento se archivan las objeciones. Con todo respeto, eso no sería otra cosa que la flagrante violación de un claro precepto de la ley.

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La ciudad no puede seguir apostando por medidas de corto plazo, con miedos latentes y temores que lo único que nos van a proporcionar es lentitud y malos resultados, además de crear un futuro más que negativo.

Por: Andrés Gaviria

Seguramente muchos que lean esta columna saldrán a decir que no se puede soñar, que lo que acá se plantea es inviable por cuestiones económicas y que Medellín aún tiene que seguir condenada a paños de agua tibia y propuestas de corta visión. Las problemáticas que hoy tiene la ciudad afortunadamente son posibles de estudiar a fondo, cuantificarlas, hacer modelos comparados y generar distintos escenarios de solución para cada uno de ellos. Además, prever el futuro es imperante, no es una opción, porque de lo contrario, seguiremos condenados a un subdesarrollo y a vivir permanentemente en caos. Hoy los problemas centrales que Medellín tiene son; seguridad, movilidad, infraestructura, economía y medioambiente. Si lo anteriormente mencionado funciona, otros subtemas se desarrollarán automáticamente de manera eficiente, por lo cual es menester ubicarnos primero en los cimientos de esta ciudad y brindar garantías a todos los ciudadanos para su diario vivir.

Sobre el componente
de seguridad, ya es hora de tomar medidas y exigir acciones al gobierno
nacional para que adelante una reforma a la justicia que es un pendiente de
hace muchos años. Además de esto, la urgencia de construir más cárceles,
fortalecer el ente acusador y las autoridades como la Policía, no aguanta más,
todo son bombas de tiempo que ya han generado grandes perjuicios a la seguridad
de las ciudades desde hace años atrás. Hoy poco o nada se puede hacer solamente
en las ciudades, porque así se capturen bandidos, ellos están protegidos por el
actual sistema judicial colombiano.

En materia de
movilidad no se puede dilatar ni esconder más la necesidad de construir dos
nuevas líneas de metro para la ciudad y el área metropolitana, además de
someter a inmediata revisión la deuda actual del sistema metro, que algo de
gato encerrado tienen y que podría ocasionarnos varias sorpresas. Soy un
convencido de que la carrera 80 no necesita tranvía ni metroplús, los dos
anteriores son soluciones tibias, pobres y mediocres, no responsables con el
crecimiento de las comunas más grandes de Medellín, que solo van a generar más
colapso vehicular y su capacidad nunca será suficiente. Por ese corredor se
necesita construir una línea de metro de manera urgente. La otra faltante, se
podría construir desde la zona nororiental hasta el mismo centro de la ciudad.
Avanzar en la construcción de un metrocable en la ladera oriental, que conecte
desde la comuna 1 hasta la comuna 14, y crear nuevos sistemas de transporte de
aceptable capacidad para las calles 50, 44 y 33.

Siempre existirá el
debate sobre la necesidad o no de construir más infraestructura física para la
movilidad, yo soy un partidario fidedigno de la urgencia de esta. No solamente
construir todos los intercambios viales de la 80, es apremiante construir el
deprimido desde las palmas hasta el puente de la calle 33 sobre el río, retomar
el estudio de la construcción de la circunvalar de la ciudad en las dos
laderas, y la ineludible intervención del corredor del río Medellín con la
construcción de nuevos puentes de retorno, intercambios y de paso en este
trayecto de 25 km, además de la ampliación de la autopista sur y algunos
puentes existentes. Terminar todas las obras de valorización de la comuna 14
tiene que ser una prioridad, como también culminar el eterno y elefantiásico
puente inservible de la cuatro sur, con su intercambio en la Av. El Poblado.
Podría escribir una sola columna con otras 43 obras que necesita la ciudad de
manera perentoria.

A nivel económico
la ciudad tiene que volverse aliada del pequeño y mediano empresario, no puede
seguir en su papel de carga y asfixia. Llegó la hora de progresar sin demora en
la renovación urbana de más de siete sectores en la ciudad, en donde se
construyan verdaderos distritos empresariales, de vivienda y comercio. Muchos
de ellos con porcentajes de exenciones tributarias, y que contribuirán no solo
al mejoramiento de espacios en la ciudad sino también a la lucha contra la
ilegalidad. En cada barrio hay decenas de pequeños emprendedores que
necesitamos apoyar con el banco de las soluciones, con ruedas de negocios, con
acercamiento a las grandes empresas, entre otras maneras. Medellín tiene que
creer en que es mejor tener miles de empresarios de todos los tamaños a miles
de personas dependiendo de un empleo en lo público.

Sobre el medioambiente,
tema de máximo interés por estos días, llegó la hora de tomar decisiones
valientes, responsables, necesarias, saludables pero impopulares. Tenemos que
poner la salud pública por encima de todo, no puede haber espacio para la duda
en este sentido, pues nos estamos intoxicando cada vez más con los gases
venenosos que emiten varios actores del día a día de los ciudadanos. A
continuación, propongo unas decisiones que en mi concepto se debieron haber
tomado hace varios años, aún estamos a tiempo, pero no tenemos mucho más para
seguir aplazando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy clara en sus
informes, sus recomendaciones y precauciones, además de los estudios que se han
hecho sobre los agentes contaminantes en todo el territorio, y en ese sentido,
las decisiones que se tomen van en consecuencia con tales cifras.

Medellín tiene que
establecer un periodo máximo de tiempo para toda clase de vehículos que
circulen en las calles: 20 años para todos los vehículos particulares; las
motos uno de 10 años; buses y volquetas 20 años. Debe fijar un año cercano al
2025 para no permitir que mas vehículos diésel circulen por sus calles,
siguiendo el ejemplo de ciudades como Paris, Madrid, Dortmund, Barcelona, Oslo,
Londres y Tokio. El pico y placa debe ser eliminado, en consecuencia, se debe
proceder a establecer un número tope de motos y vehículos en toda el área
metropolitana, y ese número debe ir fijado por unas condiciones estrictas y por
nuevas regulaciones, eso significa no permitir más de dos carros por unidad
familiar, no más de un carro por cédula e incrementar el impuesto a actores
como las motocicletas. Se tiene que trabajar fuertemente en desincentivar el
uso de la motocicleta en Medellín; a hoy, tenemos cerca de 800 mil motos
rodando, lo que ha generado un problema de salud pública por cuenta de ruido,
contaminación, muertos, inseguridad y accidentalidad.

Crear una política pública
sin fecha de caducidad, un convenio eterno con el Jardín Botánico, en donde la
arborización, ornamentación y jardinería de todos los corredores de la ciudad
esté garantizada, además de exigir a nuevas construcciones comerciales, oficina
y vivienda, la creación de parques, nuevas zonas verdes y jardines verticales.

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Por: José Félix Lafaurie

Los poderes del Estado, actuando dentro de sus espacios constitucionales, no se enfrentan sino que, por el contrario, soportan la democracia. El de las objeciones es un debate torticero, pues una cosa es la constitucionalidad y otra la conveniencia; un debate polarizador que revive la falsa división entre amigos y enemigos de la paz; un debate perverso que, apelando a la destrucción del Acuerdo –una mentira– y el regreso a la guerra –un chantaje–, busca preservar la impunidad negociada por Santos.

Irresponsable la posición de quienes hacen terrorismo mediático con un “choque de trenes” entre la Corte Constitucional y el Gobierno, porque este último, dentro de sus competencias, consideró inconvenientes –no inconstitucionales– seis de 193 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP.

Irrespetuosa con la Corte la sugerencia de que se “vengará” del Gobierno en su sentencia sobre el glifosato, por el “atrevimiento” de objetar parcialmente una Ley que, por ser estatutaria, exige examen constitucional previo y no posterior a la sanción presidencial, lo cual no inhibe su competencia de objeción.

Descomedida con la Corte y el Gobierno, la pretensión de unos parlamentarios de que el Congreso deba consultarle a la Corte si puede o no asumir su competencia de debatir las objeciones. Atrevida la de cercenarle al Gobierno esa competencia de objetar los artículos que considera inconvenientes.

No creo que las objeciones, de ser aprobadas, hagan trizas el Acuerdo y la JEP. Creo en la coherencia del presidente, que habría traicionado si no las presenta. Creo en el talante democrático de su anuncio de acatar la decisión final.

Tampoco creo en el choque de trenes. Puedo estar en desacuerdo con algunas de sus sentencias, pero no veo a una Corte vindicativa y mezquina, que sacrifique su respetabilidad por “desquitarse” del Gobierno.

El narcotráfico, con sus terribles secuelas, no es un asunto menor. La tragedia heredada del gobierno Santos, que recibió 48.000 hectáreas sembradas y entregó 200.000, es una enfermedad terminal que no se cura con Mejorales sino con un tratamiento integral.

Aprendámosle algo a la guerrilla, pues la derrota del narcotráfico exige combinar todas las formas de lucha: Presencia del Estado garantizando legalidad, emprendimiento y equidad; acción militar donde la violencia ha hecho metástasis; aspersión localizada y erradicación manual forzosas donde se pueda garantizar seguridad; erradicación voluntaria donde sea posible, y aspersión aérea al cultivo mafioso en extensiones apartadas donde el daño ambiental ya ha sido hecho con la deforestación.

Abandonemos debates maniqueos. Conocemos el peligro del narcotráfico para nuestra subsistencia como sociedad y para construir futuro. Todo el Estado, la Corte Constitucional incluida, debe asumir el reto de devolverle a Colombia la dignidad y la esperanza.

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