Opinión

Por: José Miguel Santamaría Uribe

Pocos países se dan el lujo de tener tantas y diferentes noticias día a
día, mientras en algunas latitudes es noticia un gato en un árbol, en Colombia
son tantas las situaciones diarias que colapsarían muchas sociedades.

Cada día estamos mas perplejos del espécimen de proceso de paz que nos dejó
montado el gobierno Santos, no solo por el hecho mismo que no hay paz, si no
por la cantidad aterradora de prebendas que le otorgó a los mas grandes
verdugos de los colombianos.

Es impensable que personalidades como las que estuvieron durante el proceso
pudieran firmar eso, estoy convencido que al final de este acuerdo hubo una
especie de golpe de estado donde el comunista español Santiago y el grupo de
amigos de las Farc tomaron control y cerraron el trato. Un acuerdo entre las
Farc que estaban en el monte y su grupo de Fans citadinos.

Afortunadamente el estado no se rinde y el presidente Iván Duque como otras
instituciones no permeadas no les ha temblado la mano para defendernos, han
trabajado arduamente para tratar de parar ese cáncer que se dejó. Aunque a
muchos nos hubiera gustado mas velocidad y pragmatismo en las decisiones,
entiendo que mas radicalización no es conveniente.

Si se hiciera una encuesta en la cual se pregunte si se debe acabar la JEP,
creo que el resultado sería casi unánime, esta, aunque lleva poco tiempo funcionando
ha demostrado ser un desastre, es parcializada e ineficiente. La liberación del
narcotraficante Santrich llenó la copa de los pocos que todavía le tenían fe.

Me le quito el sombrero a la Fiscalía General de la Nación por su capacidad
de reacción ante los despropósitos de la JEP y lograr recapturar a este
siniestro personaje, una operación impecable, lo único que le faltó a mi modo
de ver era haberle incluido a la captura una escala en el país de Mickey Mouse
con uniforme naranja incluido.

Pero los ataques al estado de derecho no han acabado, los grupos de
izquierda colombianos ayudados por organizaciones transnacionales trabajan sin
descanso, el fondo de este nuevo  ataque
es acabar la extradición, importantísima arma de lucha frente al narco tráfico,
no hay nada a lo que los bandidos le tengan mas susto que a una cárcel en los
Estados Unidos.

Cada día es mas claro la afinidad entre la izquierda, el narco tráfico y el
terrorismo, quieren ver convertido al país en una narco democracia, comparten
la misma lucha y tienen enemigos comunes, atacan al estado de derecho, a la
presidencia y a los Estados Unidos. Vuelven a mi cabeza frases de cajón que
utilizaban los comunistas de antaño como “El fin justifica los medios” o
“Utilizar las diferentes formas de lucha”.

El país nacional debe tomar su lugar en la historia, ponerse en el lugar
que les corresponde  y defender las instituciones,
pero sobre todo respaldar un gobierno que ha demostrado que quiere darlo todo
por lograr los cambios y las mejoras que todos deseamos.

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Por: Abelardo De La Espriella

Ha quedado claro, más allá de toda duda razonable, que la JEP es una farsa antidemocrática, que, como lo he dicho cientos de veces en este mismo espacio, busca, por una parte, exculpar de toda responsabilidad a los bandidos de las Farc, y, por otra, perseguir a los miembros de la Fuerza Pública y a los particulares, que, desde la institucionalidad y la civilidad, han defendido con ahínco la salud de la República. No hay que gastar más tiza en eso: la JEP es una cloaca que trata de ocultar los “excrementos” de la guerrilla.

El caso del narcoterrorista alias Jesús Santrich es la muestra irrefutable de que la JEP es todo menos un tribunal de justicia. Haciendo uso de argucias jurídicas pueriles, unos seudomagistrados, dejaron en libertad a ese hampón, a sabiendas de que había delinquido después de la firma de los malhadados acuerdos habaneros; y lo soltaron para que se volara y corriera al regazo de las “disidencias” del Paisa e Iván Márquez, o, lo que es aún peor, para que se apoltronara en el Salón Elíptico a pontificar sobre lo divino y lo humano. Esos togados de pacotilla han obstruido de manera descarada la justicia norteamericana y, de paso, también han prostituido la nuestra, que ya bastante maltrecha estaba.

De no haber sido por la oportuna intervención del presidente Iván Duque y la Fiscalía General, Santrich habría cumplido el sueño de Pablo Escobar: “traquetear” y ocupar al tiempo una curul en el Congreso de Colombia. ¡Habrase visto semejante despropósito! ¡Como sociedad no hemos terminado de superar y pagar el legado maldito del jefe del cartel de Medellín, como para lidiar ahora con la desgracia infinita que implica la impunidad regalada por el tartufo Santos a esos a miserables de las Farc!

La JEP es el caballito de batalla de la izquierda colombiana para hacer proselitismo político; es un vehículo para treparse al poder a través de fallos judiciales espurios -y no con los votos de la mayoría como corresponde-. Esto se conoce como litigio estratégico: esa ralea sabe que, por la buenas y democráticamente, jamás se hará al poder. Por lo tanto, se sirve de diversos mecanismos (todas las formas de lucha) para infiltrar el Estado y la sociedad, tratando de reescribir la historia a su acomodo y buscando trastocar los fundamentos sociales y morales de todo un pueblo. El caso Santrich es el mejor ejemplo de lo anterior. ¡Están pillados, mamertos!

El tema jurídico es así: la captura de Santrich se ajusta a derecho, pues se trata -como está probado por cuenta de un video, que no admite mayor debate- de conductas cometidas con posterioridad a la firma de los acuerdos. En consecuencia, la justicia ordinaria tiene plena competencia para procesar a ese narcoterrorista. Santrich no vio venir el video y mucho menos que sus socios de fechorías, como Marlon Marín, les soltaran toda la sopa a los gringos. La joya de Marín le ha dicho a la justicia norteamericana que junto al “cieguito inocente”, pensaban mover cientos de toneladas de cocaína. Por fortuna, se les cayeron la “vuelta” y la estantería a estos bellacos.

De las crisis siempre surgen oportunidades y enseñanzas: tenemos un jefe de Estado y de gobierno absolutamente comprometido con el país y su futuro. Renuevo mi confianza en el presidente Duque; debemos rodearlo y apoyarlo sin restricciones. Que nadie se atreva a dudarlo: Iván Duque seguirá enfrentando con decisión la impunidad otorgada a las Farc. Tenemos presidente, pues, sin su concurso, Santrich estaría ahora muy orondo y dichoso, y no amenazando con suicidarse, como una adolescente desequilibrada.

Hay que aceptarlo también: la falsa paz del tartufo Santos y el caso Santrich han traído cosas buenas: ayudaron a que “salieran del clóset” los enemigos de la República; ya sabemos quiénes son y de qué lado están: los Roy, Benedettis, Robledos, Cepedas, Petros, Goebertus, Avellas, López, Samperes, De la Calle, y muchos palangristas disfrazados de periodistas objetivos, entre otros tantos mamertos apátridas que solo buscan el fracaso del Gobierno para cosechar el caos, que, según ellos, habrá de llevarlos al poder. Primero tendrán que pasar por encima de todo un pueblo dispuesto a hacerse matar por preservar la democracia y alejar a la patria del cáncer del socialismo y la ignominia.

He recibido muchos mensajes, preguntándome si Santrich será extraditado, como en derecho corresponde, y yo he contestado a todos lo siguiente: quizás, quizás, quizás.

La ñapa I: Reconozco en Néstor Humberto Martínez un patriota a carta cabal. Mis respetos y admiración para él.

La ñapa II: Los falsos positivos son una práctica abominable que desdice del honor militar. De eso no hay la menor duda; cosa distinta es que la Fuerza Pública cumpla con su deber, aumentando las operaciones militares y dando de baja a todo aquel que se resista a la acción legítima del Estado (esto último es un deber insoslayable). El artículo del New York Times, aupado desde Colombia por la izquierda, busca desacreditar a nuestros soldados, cuya labor es proteger a la gente de bien y abatir, cuando sea necesario, a los bandidos. El tartufo Juan Manuel Santos acostumbró a los mamertos a que la Fuerza Pública fuese una convidada de piedra; pero, con el presidente Duque, se acabó el recreo. ¡Agárrense!

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Por: Jesús Vallejo Mejía

Hace poco leí una cita de David Hume en la que el célebre pensador observa que todo el andamiaje del Estado se explica en función de una adecuada administración de justicia. De esta depende, en efecto, el orden social que se aspira a instaurar a partir de la normatividad jurídica.

Leí en otra parte que Hobbes consideraba que el miedo que reina en el estado de naturaleza, en el que nadie goza de seguridad y “el hombre es lobo para el hombre”, debe superarse en el estado de civilización por un  solo temor: el que infunde la ley.

Mas, para que así suceda es menester el fortalecimiento del Estado, que no es empresa fácil. Sin Estado no hay civilización, por lo que vigorizarlo es obra civilizadora por excelencia. Esto trae a colación las palabras del cardenal Richelieu en su hora final:”Mis únicos enemigos han sido los enemigos de Francia”, vale decir, los del Estado y, en últimas, de la civilización.

Robustecer el Estado; asegurar el imperio de la ley; garantizar honesta, pronta y eficaz administración de justicia: “¡Ah, que vasto programa!”, como dijo el general De Gaulle alguna vez refiriéndose a otros asuntos.

Pues bien, lo que puede advertirse en la evolución política de Colombia en los últimos tiempos no es un proceso de edificación institucional, sino todo lo contrario, uno de demolición, pues en lugar de enfrentar a los enemigos del Estado y del orden que el mismo debe asegurar, la tendencia dominante en muchos de los que ejercen influencia decisiva en la guía de nuestra sociedad es la claudicación ante las fuerzas disolventes que lo minan tanto desde la estructura del poder público como fuera de ella. Ante esa tendencia, los trasgresores de todo jaez tienen a su servicio micrófonos, cámaras de televisión y titulares de prensa, mientras que quien se manifieste como hombre de orden tiene que sufrir los rigores de la campana neumática que impide que su voz se haga sentir: está condenado al silencio.

La crisis de nuestro sistema judicial es buena muestra de esa penosa realidad.

Hace algún tiempo me atreví a sostener en una conferencia que tuve el honor de dictar en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, que padecemos una justicia ideologizada, politizada y, desafortunadamente, con claros visos de corrupción.

La ideología que la inspira pretende demoler el orden social que mal que bien se ha edificado a lo largo de generaciones, para sustituirlo por otro que existe solo en la mente de intelectuales, profesores, comunicadores y otros soñadores de utopías libertarias. A partir de ahí, se predica que la normatividad no es la que consta en los textos adoptados por los legisladores, sino la que se ajusta a las particulares preferencias estimativas de los jueces y a lo que estos creen oportuno disponer para producir determinados efectos coyunturales en el escenario político. Y cuando la interpretación de la ley se hace con un sentido meramente instrumental, que justifica ser elásticos o rigurosos al tenor de las circunstancias, es fácil entonces negociarla, sea para apoyar empresas políticas, como se vio en el caso de la convalidación del NAF , o para favorecer protervos intereses privados, como se ha visto con lo del “Cartel de la Toga”, que es lo más horrendo que haya podido producirse en la historia de la justicia en Colombia.

Todo eso es fruto de la tendencia que ha hecho carrera hacia un derecho en extremo dúctil que ignora el rigor de los principios.

En manos de nuestras altas Cortes, quizás con algunas excepciones, la ley no es lo que ella dice ni lo que quiso decir el legislador, como tampoco lo que el buen sentido indica, sino lo que según las circunstancias se les ocurre a falladores sobre los que no obra control alguno, ni siquiera el de la sociedad, que se queda impertérrita ante sus abusos, ni el interno de la conciencia moral.

Para  muestra, las sospechosas condenas a la Nación por lo del Club El Nogal o lo de Bojayá.

Quien desee percatarse de los extremos de la politización de nuestra justicia, no es sino que examine el deplorable caso de Andrés Felipe Arias, para quien el artículo 93 de la Constitución Política, que incorpora a la misma las garantías de los tratados y los convenios internacionales que reconocen los derechos humanos, es letra muerta según la Corte Suprema de Justicia. Si la doble instancia ya estaba en dichos tratados y convenios, ¿cómo alegar que solo será admisible cuando se la reglamente?

Colombia es probablemente el único país del mundo que cuenta con un aparato judicial superpuesto al ordinario y organizado al gusto de los peores criminales, para así garantizarles de hecho la impunidad. No otra cosa es la JEP, como cada vez se observa con mayor claridad. Dicho sea de paso, es además un aparato montado con violación flagrante de la flamante soberanía popular que consagra el artículo 3 de la Constitución Política.

Haber combatido con denuedo a los enemigos del Estado, como lo hizo Álvaro Uribe Vélez, es la causa de la injusta persecución que desde distintos frentes ha debido soportar con estoicismo ejemplar tan eminente patriota. En cambio, claudicar vergonzosamente ante los mismos, dizque en aras de una paz evanescente, según lo llevó a cabo Santos, lo hace merecedor de un Premio Nobel.

¿Quién hace más al servicio de ese noble propósito, el que se esmera en consolidar el ordenamiento jurídico, o el que lo pone a merced de los criminales?

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Por: Cecilia López

El arte de gobernar a un país es tal vez la tarea más compleja que puede asumir un ser humano porque implica saber mandar con autoridad, guiar a un equipo y dirigir las acciones hacia los objetivos deseados. Para empezar, las metas prioritarias no solo deben ser claras sino concretas e internalizadas por aquellos que deben comprometerse con ellos; además, es fundamental que se reconozca el liderazgo de quien ocupa la presidencia del país. En el fondo de estos y muchos más elementos que permiten ejercer el mandato de guiar exitosamente a una sociedad por compleja que sea, está el concepto de autoridad. Sin ella esa disciplina necesaria para marchar en armonía por la ruta que se elija se convierte en una tarea imposible. Al partir de esta idea escueta y claramente incompleta sobre lo que puede significar manejar un país y mirar lo que está sucediendo actualmente en Colombia, surgen grandes y complejas preocupaciones sobre el futuro d esta sociedad.

Lo primero que se ha hecho cada vez más evidente es que los funcionarios de este gobierno, especialmente los más visibles y con mayores responsabilidades, se están comportando como ruedas sueltas; pareciera que se sienten totalmente autónomos y no como parte del equipo de la administración actual. Quién coordina a quien es la pregunta obvia cuando los tres funcionarios de primera línea salen del país al mismo tiempo y nadie tiene claro quien queda al mando. La semana anterior, el presidente Duque estaba en San Francisco con los representantes de la Nube; la canciller en Washington con objetivos varios y el Canciller en Boston sin que se sepa claramente haciendo qué. En ningún país se pueden ir del país por el cual responden, tres de sus cabezas y además al mismo país dando mensajes distintos. Quién coordina sus agendas es la pregunta obvia porque pareciera que cada uno resuelve lo suyo. Dónde está esa autoridad que debe decidir quiñes se van y cuándo y a donde.

Las discusiones del Plan de Desarrollo demostraron de nuevo una falta de mando. Varios episodios recientes lo comprueban: la pelea por la ubicación del programa de vivienda rural que dio lugar a agresiones verbales entre altos funcionarios, min vivienda y min agricultura; las claras diferencias entre Min Hacienda y el DNP, que casi deja a esta última institución sin oxígeno y las grietas en el gobierno que le abrieron espacios a intereses particulares que quedaron consignados en el Plan. Y como si hiciera falta nuevos hechos, debe mencionarse el más reciente, el cruce de cables entre la vicepresidenta y el Canciller, el primero pidiéndole rectificación al Embajador Ordoñez y la segunda alabando su actuación. General de cuatro soles, que tal?

Casi al inicio de la Administración Duque, Rodrigo Botero, ex ministro de Hacienda, le pidió al gobierno autoridad para que cada funcionario no actuara sin ley ni orden. Pero muchos creyeron que esa descoordinación obedecía a que se trataba de un gobierno recién llegado que se estaba a penas acomodando. Pero no, la verdad es que lo que se siente, se evidencia es que falta autoridad por parte del presidente Duque. Sin autoridad no hay forma de manejar un equipo y mucho menos si se trata de uno tan amplio y con responsabilidades tan inmensas como el gubernamental.

Que pasa con el Presidente Duque y la vicepresidenta. Esas relaciones no son cómodas en ningún gobierno pero en este caso son tan erráticas, tan desconectadas que pareciera que está sucediendo lo peor. Cada cual por su lado y cuando la vice trata de ofrecerle apoyo al presidente sale con unas posturas ya ampliamente debatidas como inoportunas, inapropiadas y contraproducentes para el presidente y para el gobierno. Pero el presidente no dice ni mu.

Los ministros no muestran el mínimo grado de ser parte de un grupo coordinado por el jefe. Botero, min justicia dice lo que le viene en gana así cree un polvorín y el Presidente Duque ni mu. Por consiguiente, min defensa sigue diciendo y haciendo todo lo posible para acabar de desacreditar su cartera porque nadie lo desautoriza. Min hacienda, el ministro brillante, se percibe sin límites y más bien se siente que él manda al presidente. La ministra de trabajo no se ha enterado sobre la forma como un alto funcionario se expresa en público y nadie le dice nada. Y así podía seguir de manera interminable la lista de hechos que evidencian una clara falta de autoridad del presidente Duque.

A nadie le conviene que le vaya mal al gobierno, pero la verdad es que se necesita un timonazo como lo han dicho muchos desde hace un buen tiempo, sin que se note que estas observaciones sean tomadas en cuenta. Si a la falta de autoridad se suma una actitud arrogante y displicente frente a las críticas, en una etapa tan temprana de esta administración, las preocupaciones de la ciudadanía irán en aumento. Por ello no sobra repetir: autoridad, autoridad, autoridad, pero no de del expresidente Uribe sino la del Presidente Duque.

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Por: José Gregorio Hernández

Un buen juez -decíamos en La Voz del Derecho- ejerce su función de manera recta, imparcial, independiente y con arreglo a Derecho. Libre de presiones y lisonjas. Sin objetivos de orden político o económico. Ese talante lo hace respetable.

El Gobierno de los Estados Unidos ha resuelto cancelar la visa a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ha sido visto por las corporaciones judiciales y por un sector de la opinión como una forma de presión sobre aquéllas para que fallen en determinado sentido en asuntos tales como la extradición.

Cada Estado, en virtud de su soberanía, goza de plena autonomía para decidir a quiénes recibe en su territorio y a quiénes no, y por tanto el Gobierno colombiano debe respetar esas decisiones, y no puede obligar a la Embajada norteamericana a expedir o restituir las visas a los magistrados, como algunos se lo han exigido. Ese es un asunto que deben resolver únicamente el Estado que concedió la visa.

Los magistrados, por dignidad, no tienen que adelantar gestiones ni presionar para recobrar sus visas. Ni tampoco es lo indicado que, a manera de protesta, renuncien en bloque a las visas otorgadas, como algunos aconsejan. Con visa o sin visa, ellos únicamente deben preocuparse por ejercer con rectitud e independencia su sagrada función.

“El Departamento de Estado –expresó la Embajada en Comunicado del 12 de mayo- tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”.

Aunque la Embajada se reservó los motivos para el retiro de las visas, es muy probable que las preocupaciones norteamericanas hayan surgido en relación con posibles compromisos políticos, al menos de una magistrada de la Corte Constitucional, la Dra. Fajardo, a raíz de la particular forma en que fue elegida por el Senado. Como se recordará, uno de los congresistas –el Dr. Benedetti- manifestó públicamente el 30 de mayo de 2017 que si no era ella la elegida, volvería la guerra; que si ella no llegaba a la Corte, “las Farc se pararán de la Mesa”. Con ello -elegida como lo fue-, pusieron en dificultades a la misma candidata.

No vemos en este asunto presión indebida sobre la Justicia, y en cambio sí, la necesidad de que los magistrados desempeñen sus funciones constitucionales, sin compromisos con nadie: ni con USA, ni con quienes los postularon o eligieron; ni con expresidentes de la República; ni con el Gobierno; ni con la oposición; ni con partido o movimiento político alguno. Su juramento –prestado al posesionarse- únicamente los liga al cumplimiento de sus deberes; en el caso de la Corte Constitucional, a la defensa de la Carta Política y a la salvaguarda de los principios, derechos, deberes y garantías que ella consagra. Nada más.

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Por: Miguel Gómez Martínez

Nos estamos acostumbrando a las nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. La aprobación de la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue otro intenso debate entre los dos poderes públicos. Sin duda, la administración está manteniendo, con mucho coraje, la política de no repartir mermelada. Pero ello se refleja en que los parlamentarios son más agresivos en intentar forzar la mano del gobierno en los debates del Congreso.

El gobierno presentó un proyecto centrado en los principios de legalidad, emprendimiento y equidad. Se hizo un esfuerzo especial por incorporar las necesidades regionales y atacar algunos de los cuellos de botella que tienen frenada nuestra economía. Se definen siete regiones geográficas que tienen mucha más relevancia y coherencia como eje de proyectos de desarrollo.

Muy importante es el énfasis que se le pone al tema de mejorar la productividad de la economía. Ello permitiría, como lo propone el documento, recuperar la capacidad de crecer al 4,5 % anual para el final del cuatrienio. Fundamental, y muy positivo, es diseñar estrategias con enfoque regional y no departamental.

El proyecto inició su trámite legislativo con 183 artículos y concluyó con 336. Esto refleja la intensidad de la presión de los parlamentarios por incluir proposiciones que fueran de interés para sus regiones. No hay que olvidar que estamos en año de elecciones y, sin mermelada, los congresistas vieron en el PND la oportunidad de mostrar a sus electores algo de resultados de gestión. Sin contratos ni puestos, como los habían acostumbrado Santos-Cárdenas, el Congreso decidió colgarle a la ley orgánica del Plan temas que están fuera de lugar. A pesar de la firme resistencia del equipo de gobierno, en los cerca de $1.1 billones del plan de inversiones se colaron iniciativas que nada tienen que ver con el espíritu de una ley de planeación.

Se logró evitar la peligrosa e irresponsable propuesta que permitiría el traslado masivo de los fondos privados de pensiones al régimen público, haciendo inviable el manejo de las finanzas públicas. Pero quedaron otros asuntos como normas para cubrir el déficit de Electricaribe, aranceles para la importación de textiles y confecciones, modificaciones al procedimiento tributario, asuntos relacionados con el catastro municipal o la metodología de fijación de los precios de los combustibles. Muchas de estas iniciativas no corresponden por unidad temática y deberían ser objeto de leyes diferentes. El mismo gobierno ha anunciado que piensa demandar algunas provisiones del texto aprobado. La Corte Constitucional debería evitar que el proceso de planeación se siga convirtiendo en un árbol de Navidad parlamentario.
 

Lo fundamental de la propuesta del gobierno salió avante del debate parlamentario. Pero es evidente que el marco legal que regula el título 12, capítulo 2 de la Constitución tiene que ser reforzado para evitar que se desnaturalice la ley del Plan.

El PND tiene que ser un documento solemne, en el cual se consigne un pequeño número de prioridades estratégicas que deben focalizar la acción del Estado en su conjunto. Ese es su valor irreemplazable. No puede convertirse, como lo quieren los parlamentarios, en una colcha de retazos llena de buenas intenciones, que en su mayoría no son coherentes ni permiten transformar la realidad.

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Por: Abelardo De La Espriella

En la historia reciente del País, cada vez que el Estado de Derecho ha sido puesto en peligro hemos pedido la ayuda del gobierno y de la justicia norteamericana.

¿Qué creyó la mamertería? ¿Que solamente los norteamericanos iban a actuar en contra de unos carteles de la droga y dejarían a otros grupos de bandidos llenando de coca su País? Pues, NO.

En su momento, fuimos puestos contra la pared por uno de los más grandes delincuentes de la historia: Pablo Escobar. Su legado de sangre y fuego pasó también por corromper las instituciones, la política y a la sociedad; no se nos puede olvidar que solo cuando, en la constituyente de Cesar Gaviria, se suprimió la extradición entonces, Escobar nos dio una breve y mentirosa tregua.

Haber claudicado ante el bárbaro de Escobar, eliminando la única arma a la que temía, la extradición, solo le dio más fuerza, desde la cárcel de oro que Gaviria y su kínder edulcorado le concedieron como cuartel general. Desde allí ese psicópata arremetió con más fuerza en contra del País, al que había arrodillado y en el que se sentía seguro, porque lo había convertido en un santuario sin extradición. 

Tuvieron que venir los organismos de inteligencia y operativos norteamericanos a arreglar el malhadado entuerto creado por el debilucho Gaviria, a salvarnos de quien doblegó al Estado colombiano y hasta cuando no lo ayudaron a dar de baja (los americanos) no pudimos salir de una de las más grandes amenazas que ha padecido nuestra democracia. 

El maldito narcotráfico siguió mutando y perfeccionándose, mediante la infiltración, y no muy lejos del nefando ascenso vertiginoso de ese negocio, los narcotraficantes lograron imponernos presidente. Una vez elegido Ernesto Samper y conocidos los famosos narcocasetes, asistimos con asombro, como sociedad, a ser testigos de que nos habíamos convertido en una narcodemocracia y que los carteles de la droga tenían un presidente títere: como suele ocurrir por estos lados del hemisferio, nada ocurrió, todos los involucrados se taparon con la misma cobija, hasta que el gobierno gringo puso nuevamente orden: le quitó la visa al narco presidente y logró restablecer la única arma de guerra jurídica que ha resultado efectiva en contra de los capos de la droga que se han querido apropiar de la democracia: la extradición. 

Una vez restablecida la extradición, desde aquel malhadado narcogobierno hasta nuestros días, ese mecanismo de cooperación judicial mostró resultados – si bien no para acabar con el narcotráfico (ese es otro asunto) – para evitar que los señores de la droga se apoderasen de las instituciones democráticas colombianas, y cada vez que alguien soñó con volverse Pablo Escobar, terminó extraditado o dado de baja, gracias a la cooperación del gobierno norteamericano, que aporta millones de dólares para combatir a los grandes capos en nuestro territorio. 

Pero llegó Juan Manuel Santos y junto con tantas otras estupideces que cometió contra el País para hacerse al premio Nobel, pactó con los mayores narcos de nuestra historia que serían inmunes, no solo ante nuestra justicia, sino también ante la justicia norteamericana: a partir de ese momento volvimos a ser un Estado a merced del narcotráfico, como lo pretendía Escobar en su momento. 

La fórmula fue la misma: un supuesto proceso de paz, en el que se le vendió al País que, entregando y doblegando la justicia ante los bandidos, lograríamos la (falsa) paz y que, en consecuencia, era sacrificar un poco para ganar mucho. En el caso del proceso con las Farc, mucho más estructurados que Escobar y los carteles, pidieron su propio tribunal de justicia: la JEP y magistrados de bolsillo en la Corte Constitucional para salvaguardar su único objetivo, el mismo de Escobar: quedar fuera del alcance de la justicia norteamericana y todo se les concedió, pese a que en las urnas el País real les dijo que NO. 

¿Pensaron los hacedores de semejante maroma que el gobierno americano se iba a tragar ese sapo y quedarse quieto? 

¿Creyeron que extender la impunidad de los narcos de las Farc a aquellos que siguieran traqueteando incluso después de firmados los acuerdos, como en el caso de alias Santrich, se quedaría sin una reacción de los Estados Unidos? 

¡Pues claro que no! Como siempre ha ocurrido cuando nuestro Estado queda a merced de los capos del narcotráfico, ahí está el Tío Sam apuntando hacia aquellos que lo permiten y arrancaron con toda: los gringos no se arrugan, cuando de poner orden se trata.

Quitarle las visas a algunos operadores judiciales que desde sus escritorios toman decisiones en contra de la ley pero, sobre todo, en contra de lo que dijeron las urnas, para garantizarles a los mayores narcos del mundo que no sean juzgados por los jurados norteamericanos, es solo la punta del iceberg de lo que pueden ser las medidas de los gringos para enderezar lo que en muchas ocasiones se ha intentado torcer pero que, afortunadamente, nos han ayudado a encarrilar.

El tío Sam seguirá destapando la cloaca en la que se ha convertido la justicia colombiana: vendrán muchas sorpresas, hay grabaciones y negociados de toda índole. La rata de Montealegre caerá de forma estruendosa; falta su calanchín Jorge Perdomo, sujeto despreciable e impune, pero no por mucho tiempo, y tantos otros como Cepeda y compañía, que han hecho ochas y panochas.

La mamertería está indignada con lo que llaman ‘injerencia inaceptable”; pero cómo no dijo lo mismo cuando buscó una decisión de la CDIH para salvar a Petro de una sanción disciplinaria, o cuando puyó a la ONU, para que esta, a su vez presionara al gobierno del presidente Duque, ante las objeciones a la JEP. ¡Farsantes de doble moral!

Es el momento para que el gobierno plantee una reforma estructural que acabe de una buena vez con la politiquería y la corrupción que se tomó la Rama Judicial.

Tengo un sueño, y no es una visa: deseo fervientemente que todos aquellos funcionarios y particulares que sacrificaron la institucionalidad por beneficiar a las Farc, paguen con creces la afrenta miserable que le han causado a la democracia y a la humanidad.

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