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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre está citada este martes para declarar como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el exconsejero madrileño Alfredo Prada y otros cinco acusados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el proyecto fallido del Campus de la Justicia.
Aguirre testifica a petición de las defensas de varios acusados y, además, en la lista de testigos llamados para esta sesión figura el también expresidente madrileño Ángel Garrido, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Las declaraciones de ambos exdirigentes del PP se producen en la tercera semana del juicio, después de que otros testigos hayan contestado a las preguntas de acusaciones y defensas. De momento no han declarado los seis acusados, que lo harán al final.
Se trata de una causa que se abrió en agosto de 2018, cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción fundamentada en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid que avisó, en marzo de ese año, de irregularidades en el proyecto.
ABANDONADO TRAS 355 MILLONES
El proyecto del Campus de la Justicia fue impulsado por el Gobierno regional de Aguirre en su primer mandato. En 2005 se creó una empresa pública para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Prada, entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita 6 años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo del Campus: Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano José Sanz Piñar (subdirector general técnico), Alicio de las Heras Rodríguez (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos del Campus de la Justicia: “Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación”.
“En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial”, señaló.
